Última actualización: 3 de abril de 2025
El impuesto invisible que nadie aprobó
La reciente publicación de Funcas revela una realidad incómoda pero innegable: los contribuyentes españoles han pagado 9.747 millones de euros adicionales en IRPF entre 2021 y 2024, sin que se haya aprobado formalmente ninguna subida impositiva. Este fenómeno, conocido técnicamente como «progresividad en frío» o «fiscal drag» en la literatura económica anglosajona, demuestra cómo la inflación se ha convertido en un eficaz mecanismo recaudatorio para un Estado con crecientes necesidades de financiación.
El estudio confirma que las grandes perjudicadas han sido precisamente las clases medias, que han soportado el 61,3% del impacto de este incremento impositivo silencioso, mientras representan el 59,7% de los declarantes. Este desequilibrio no es casualidad sino consecuencia directa de un diseño fiscal que penaliza sistemáticamente a quienes sostienen el grueso de la recaudación tributaria en España.
¿Estamos ante un caso de confiscación patrimonial por la vía inflacionaria? Las cifras son elocuentes: un contribuyente de renta media ha pagado, de media, 458 euros adicionales simplemente porque el sistema tributario no se ha ajustado a la realidad económica del país. Si sumamos el efecto del IVA, la factura asciende a 1.100 euros por hogar. Un tributo no legislado, no debatido en las Cortes, y fundamentalmente, no reconocido como lo que es: una subida de impuestos de facto.
Análisis técnico-económico: La mecánica del aumento impositivo silencioso
Para comprender la magnitud del problema, debemos analizar los mecanismos económicos que operan detrás de la progresividad en frío. El IRPF en España se estructura mediante un sistema de tramos progresivos, donde los tipos marginales aumentan a medida que se incrementa la base liquidable. Cuando los salarios nominales se incrementan para compensar la inflación, sin que paralelamente se actualicen estos tramos fiscales, se produce un fenómeno de «bracket creep» o deslizamiento fiscal.
Este proceso genera tres efectos económicos perniciosos:
- Efecto renta: Los contribuyentes pagan más impuestos sin experimentar un aumento real de su capacidad económica.
- Efecto sustitución: Se distorsionan las decisiones económicas sobre trabajo, ahorro e inversión al alterarse los tipos marginales efectivos.
- Efecto distributivo regresivo: Impacta proporcionalmente más a contribuyentes con menor capacidad de planificación fiscal y optimización tributaria.
La elasticidad de la recaudación respecto a la inflación depende críticamente de la distribución de rentas en cada economía y de la estructura de los tramos impositivos. En el caso español, el estudio de Funcas demuestra que esta elasticidad ha sido significativamente superior a la unidad durante el período analizado, lo que técnicamente implica que el sistema tributario ha actuado como un amplificador del shock inflacionario.
El incremento recaudatorio acumulado de 9.747 millones representa aproximadamente un 0,8% del PIB español, una cifra nada desdeñable en términos macroeconómicos. Este fenómeno explica parcialmente por qué, pese a la ausencia de grandes reformas fiscales nominales, la presión fiscal en España ha aumentado significativamente en los últimos años, acercándose a la media europea sin que haya existido una decisión política explícita en este sentido.
Análisis comparativo: España frente al espejo internacional e histórico
La práctica de no deflactar las escalas impositivas ante episodios inflacionarios no es exclusiva de España, pero sí existen diferencias significativas en cómo distintos países abordan este fenómeno.
Comparativa internacional
En contraste con España, numerosos países desarrollados han implementado mecanismos automáticos de indexación fiscal:
- Países Bajos: Ajusta anualmente sus tramos fiscales según la inflación.
- Estados Unidos: El Internal Revenue Service (IRS) actualiza automáticamente más de 40 parámetros fiscales para compensar los efectos inflacionarios.
- Canadá: Indexa sistemáticamente su estructura fiscal federal al IPC.
- Suiza: Ha mantenido históricamente un sistema de indexación automática que protege a los contribuyentes de la progresividad en frío.
Esta divergencia en políticas fiscales constituye una desventaja competitiva para España en términos de atracción y retención de talento y capital, especialmente en un contexto de creciente movilidad internacional de factores productivos.
Perspectiva histórica
El fenómeno no es nuevo en España. Como señala el estudio, incluso en períodos de baja inflación como 2009-2019, con un IPC medio anual del 1,1%, el efecto acumulado alcanzó el 12%. Esto demuestra que la progresividad en frío actúa como un mecanismo silencioso pero constante de incremento de la presión fiscal, incluso en ausencia de shocks inflacionarios extraordinarios.
Disparidad territorial
Resulta paradójico que mientras el Gobierno central ha rechazado deflactar el IRPF, la mayoría de gobiernos autonómicos sí han aplicado ajustes en el tramo que gestionan. Esta asimetría genera una complejidad adicional en el sistema fiscal español y evidencia aproximaciones divergentes sobre la relación óptima entre inflación y tributación.
Contradicciones e ineficiencias del modelo actual
La no deflactación del IRPF presenta numerosas contradicciones tanto desde una perspectiva de eficiencia económica como de equidad fiscal:
Contradicción con el principio de capacidad económica
El fundamento constitucional de nuestro sistema tributario es el principio de capacidad económica, según el cual los ciudadanos deben contribuir en función de su riqueza real, no nominal. La progresividad en frío socava este principio al gravar incrementos nominales que no representan aumentos efectivos en la capacidad contributiva.
Distorsión de incentivos económicos
La literatura económica, desde los trabajos seminales de Martin Feldstein hasta investigaciones más recientes, ha documentado extensamente cómo las distorsiones fiscales generadas por la inflación afectan negativamente a la oferta laboral, el ahorro y la inversión productiva. Especialmente preocupante resulta el incremento de los tipos marginales efectivos, que desincentivan la productividad y el crecimiento económico.
Opacidad fiscal y déficit democrático
Quizás el aspecto más preocupante desde una perspectiva institucional es la opacidad inherente a este mecanismo recaudatorio. Como señala acertadamente Romero en el estudio, se trata de «un impuesto silencioso» cuyos «costes políticos son, en general, menores a los de una genuina reforma fiscal». Esta opacidad socava la transparencia que debe presidir la relación entre el contribuyente y la Administración tributaria en una democracia avanzada.
Ineficiencia dinámica
La recaudación adicional obtenida por este mecanismo ha servido fundamentalmente para financiar gasto corriente, desaprovechando la oportunidad de reducir el déficit estructural o invertir en capital productivo. Esta asignación de recursos representa una ineficiencia dinámica que compromete el crecimiento futuro de la economía española.
Propuestas de reforma: Hacia un sistema fiscal eficiente y transparente
A la luz del análisis anterior, se hace evidente la necesidad de acometer reformas estructurales en nuestro sistema fiscal que corrijan estas distorsiones y promuevan simultáneamente la eficiencia, la equidad y la transparencia. Proponemos las siguientes medidas:
1. Deflactación automática vinculada al IPC
Implementar un mecanismo legal que obligue a ajustar anualmente los tramos del IRPF, mínimos personales y familiares, y deducciones según la variación del IPC. Esta medida eliminaría la arbitrariedad política en la determinación de estos parámetros fiscales fundamentales.
2. Simplificación de la estructura impositiva
Reducir el número de tramos del IRPF y ampliar sus rangos para mitigar el impacto de la progresividad en frío. Un sistema con menos tramos pero más amplios es menos susceptible a los efectos distorsionadores de la inflación.
3. Reforma integral con foco en la imposición sobre el consumo
Reequilibrar gradualmente el sistema tributario reduciendo la imposición sobre el trabajo y el ahorro en favor de figuras impositivas sobre el consumo, menos distorsionadoras de las decisiones económicas y menos vulnerables a los efectos de la inflación.
4. Transparencia fiscal obligatoria
Establecer la obligación legal de que las administraciones públicas reporten anualmente el «dividendo fiscal inflacionario» obtenido y su destino, incrementando así la responsabilidad fiscal de los gobiernos ante los ciudadanos.
5. Cláusulas de disciplina presupuestaria vinculadas a la recaudación extraordinaria
Destinar cualquier incremento recaudatorio derivado de la inflación a la reducción del déficit público o a un fondo de estabilización fiscal, evitando así que estos recursos financien expansiones estructurales del gasto público.
Conclusión: La necesidad de honestidad fiscal
El análisis de Funcas proporciona evidencia empírica que confirma lo que muchos economistas venían advirtiendo: la inflación ha actuado como un mecanismo recaudatorio encubierto que ha penalizado especialmente a las clases medias españolas. Los 9.747 millones de euros recaudados adicionalmente entre 2021 y 2024 representan una transferencia de renta desde los contribuyentes hacia el Estado que no ha sido sometida al necesario escrutinio democrático.
Si aspiramos a construir un sistema fiscal que promueva simultáneamente la prosperidad económica y la justicia social, debemos comenzar por reconocer esta realidad y acometer las reformas necesarias para alinear nuestro marco tributario con principios de neutralidad, transparencia y respeto a la capacidad económica real de los ciudadanos.
La progresividad en frío no es un accidente técnico, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas que privilegian la recaudación silenciosa sobre la honestidad fiscal. Como sociedad, merecemos un debate abierto sobre el nivel de presión fiscal que estamos dispuestos a soportar y los servicios públicos que deseamos financiar. Este debate debe producirse en sede parlamentaria y no mediante mecanismos recaudatorios opacos que erosionan la confianza ciudadana en nuestras instituciones fiscales.
Una economía dinámica y próspera requiere reglas fiscales claras, estables y predecibles. La deflactación automática del IRPF no es únicamente una cuestión de justicia tributaria, sino una condición necesaria para generar el marco de seguridad jurídica que fomente la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible que España necesita.
