Última actualización: 3 de abril de 2025
La incoherencia de las políticas públicas
La reciente aprobación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros mensuales —que supone un aumento acumulado del 60,91% desde 2018— ha quedado empañada por una decisión paralela del Ministerio de Hacienda: mantener inalterado el umbral de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta descoordinación entre la política laboral y la política tributaria revela un problema estructural en el diseño de las políticas públicas españolas y plantea serios interrogantes sobre su efectividad real.
¿Qué sentido tiene incrementar nominalmente los salarios más bajos si simultáneamente se erosiona su poder adquisitivo a través de la fiscalidad? Esta contradicción no solo desvirtúa el objetivo declarado de proteger a los trabajadores con menores ingresos, sino que genera distorsiones adicionales en un mercado laboral ya de por sí excesivamente rígido e intervenido.
El espejismo de la mejora salarial: análisis cuantitativo
El incremento del SMI hasta los 1.184 euros mensuales (14 pagas anuales) sitúa el salario mínimo anual en 16.576 euros brutos. Sin embargo, el mínimo personal y familiar en el IRPF se mantiene en 15.876 euros, lo que significa que un trabajador que perciba el SMI deberá tributar por la diferencia: 700 euros anuales.
Aunque la cantidad a tributar pueda parecer modesta en términos absolutos, su impacto proporcional en los salarios más bajos resulta significativo. Aplicando los tipos marginales correspondientes al primer tramo de la escala del IRPF (19% en el tramo estatal, más el porcentaje autonómico correspondiente), y considerando las retenciones mensuales, el incremento nominal del SMI aprobado (3,8% respecto a 2024) podría traducirse en un aumento efectivo sustancialmente menor para el trabajador.
Esta situación ejemplifica perfectamente lo que en economía se conoce como «ilusión fiscal»: la percepción errónea de que una medida incrementa el bienestar cuando, en realidad, sus efectos netos pueden ser mucho más modestos o incluso contraproducentes cuando se consideran todas sus implicaciones.
El trilema de la política salarial: empleo, salarios y fiscalidad
Desde una perspectiva económica rigurosa, cualquier política salarial se enfrenta al trilema fundamental de maximizar simultáneamente tres objetivos en potencial conflicto:
- Nivel salarial suficiente para garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores
- Nivel de empleo elevado, minimizando el desempleo estructural
- Sostenibilidad fiscal del conjunto del sistema
La experiencia internacional y la evidencia empírica demuestran que resulta extremadamente difícil optimizar estos tres objetivos simultáneamente mediante intervenciones directas como la fijación administrativa de salarios mínimos desvinculados de la productividad real.
La literatura económica especializada ha documentado ampliamente los efectos de incrementos sustanciales del salario mínimo en contextos de baja productividad:
- Efectos en el empleo: Aunque existe debate académico sobre su magnitud exacta, numerosos estudios señalan efectos negativos en el empleo, especialmente en segmentos vulnerables como jóvenes, trabajadores poco cualificados y regiones de menor desarrollo económico.
- Efectos en la informalidad: En economías con elevada economía sumergida como la española (estimada entre el 20-25% del PIB), incrementos desproporcionados del SMI pueden incentivar la migración de empleo formal a informal, reduciendo la protección efectiva de los trabajadores y la recaudación fiscal.
- Efectos en precios: Las empresas trasladan parcialmente los incrementos de costes laborales a los precios, generando presiones inflacionarias que erosionan el poder adquisitivo general, afectando también a los propios perceptores del SMI.
La decisión de no ajustar el umbral de tributación añade una capa adicional de complejidad a estos efectos, creando una incoherencia entre los objetivos declarados (mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos) y los instrumentos empleados (incremento nominal del SMI sin ajustes fiscales correspondientes).
La trampa de la progresividad nominal: cuando más impuestos no significa más justicia
La justificación ofrecida por la portavoz del Gobierno para mantener el umbral de tributación inalterado —que «lo que se pueda recaudar tiene como objetivo mejorar los servicios públicos»— evidencia una confusión conceptual profunda sobre los principios de la justicia fiscal.
Un sistema tributario verdaderamente justo no se define por su capacidad extractiva, sino por su diseño inteligente que:
- Minimiza las distorsiones económicas
- Respeta la capacidad contributiva real
- Genera incentivos adecuados al trabajo, el ahorro y la inversión
- Mantiene la simplicidad y transparencia
La tributación de los salarios más bajos vulnera el principio fundamental de capacidad contributiva. Si consideramos el coste real de la vida en las grandes ciudades españolas, un salario de 16.576 euros anuales difícilmente permite un margen significativo tras cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación, transporte y suministros.
La afirmación de la vicepresidenta Díaz sobre que «la justicia fiscal empieza por arriba» contiene una verdad parcial que, sin embargo, queda desvirtuada por la incoherencia de aprobar simultáneamente medidas que incrementan la presión fiscal efectiva sobre los trabajadores de menores ingresos.
Esta situación ilustra perfectamente la «paradoja de la progresividad»: sistemas nominalmente progresivos pueden resultar regresivos en la práctica cuando se consideran sus efectos completos en distintos niveles de renta y tipos de contribuyentes.
El verdadero coste para el empleo y la competitividad
Más allá del impacto directo en los perceptores actuales del SMI, el incremento acumulado del 60,91% desde 2018 plantea serias cuestiones sobre su sostenibilidad económica, especialmente en un país con:
- Tasas de paro estructural entre las más altas de la OCDE (por encima del 11%)
- Baja productividad relativa (un 15% inferior a la media de la UE-15)
- Tejido empresarial dominado por PYMEs con escasos márgenes y capacidad financiera
- Elevados costes no salariales del empleo (cotizaciones sociales)
Los incrementos administrativos del SMI desvinculados de mejoras de productividad tienen efectos particularmente negativos en sectores intensivos en mano de obra y de bajo valor añadido (agricultura, hostelería, comercio minorista, servicios personales), que emplean a una proporción significativa de trabajadores vulnerables.
La combinación de estos incrementos con una fiscalidad no adaptada genera una «tormenta perfecta» que puede exacerbar la dualidad del mercado laboral español, incrementando la brecha entre trabajadores protegidos (insiders) y aquellos con dificultades de acceso al empleo formal (outsiders).
Hacia un sistema coherente: propuestas desde la economía liberal
Un enfoque económicamente racional para mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos debería articularse en torno a tres ejes fundamentales:
1. Reforma integral del sistema fiscal
Es imperativo replantearse el actual sistema tributario desde los principios de simplicidad, eficiencia y respeto a la capacidad contributiva real:
- Ampliación significativa del mínimo exento, garantizando que ningún contribuyente tribute hasta alcanzar un nivel de renta que permita cubrir necesidades básicas con un margen razonable. Este mínimo debería actualizarse automáticamente con los incrementos del SMI.
- Reducción de los tipos marginales en todos los tramos, especialmente en rentas bajas y medias, compensada con la eliminación de deducciones y regímenes especiales que generan distorsiones y complejidad.
- Simplificación radical del sistema, reduciendo el número de figuras impositivas y unificando bases tributarias para minimizar costes de cumplimiento y administración.
- Indexación automática de umbrales y mínimos a la inflación, evitando el fenómeno de «progresividad en frío» que penaliza especialmente a contribuyentes de rentas bajas y medias.
2. Flexibilización del mercado laboral
La fijación administrativa de salarios mínimos uniformes para toda la economía nacional ignora las profundas diferencias de productividad, coste de vida y condiciones económicas entre sectores y territorios:
- Salarios mínimos diferenciados por sectores y/o regiones, negociados entre los agentes sociales con conocimiento directo de las condiciones específicas.
- Cláusulas de descuelgue efectivas que permitan adaptaciones temporales en situaciones económicas adversas, preservando el empleo.
- Reducción de costes no salariales del empleo, especialmente para trabajadores de baja remuneración, mediante la disminución de cotizaciones sociales compensada con otras fuentes de financiación menos distorsionadoras.
- Contratos de formación y aprendizaje reforzados, con esquemas salariales progresivos vinculados al incremento de productividad.
3. Políticas activas de capital humano
La verdadera mejora sostenible de las condiciones laborales solo puede derivarse del incremento de la productividad a través de:
- Reforma profunda del sistema educativo, orientándolo a las necesidades reales del mercado laboral y a la adquisición de competencias de alto valor.
- Programas intensivos de recualificación para trabajadores en sectores en transformación o declive.
- Incentivos fiscales a la formación continua en empresas, especialmente para trabajadores de menor cualificación.
- Políticas de atracción y retención de talento, evitando la fuga de capital humano que socava la base productiva del país.
Conclusiones: Por una política salarial y fiscal integrada y sostenible
El análisis desarrollado permite extraer varias conclusiones relevantes:
- La descoordinación entre la política salarial y la política fiscal evidenciada en este caso no es una anomalía, sino un síntoma de problemas estructurales en el diseño de políticas públicas en España.
- Los incrementos administrativos del SMI, aunque bien intencionados, pueden tener efectos contraproducentes cuando:
- No se acompañan de ajustes fiscales coherentes
- Se desvinculan de la evolución de la productividad
- Ignoran las diferencias sectoriales y territoriales
- No se integran en una estrategia económica global
- Un sistema tributario verdaderamente justo debe respetar la capacidad contributiva real, empezando por garantizar que las rentas más bajas, apenas suficientes para cubrir necesidades básicas, queden efectivamente exentas.
- La verdadera mejora de las condiciones laborales solo puede derivarse sosteniblemente del incremento de la productividad, lo que requiere políticas estructurales de largo plazo orientadas al capital humano, la innovación y el marco institucional.
- El consenso político superficial sobre «la necesidad de proteger a los más vulnerables» oculta profundas discrepancias sobre los mecanismos adecuados para lograrlo, que deberían debatirse abiertamente con base en evidencia empírica y análisis riguroso.
La escena descrita en la noticia, con ministros del mismo gobierno discrepando públicamente sobre decisiones ya tomadas, ilustra perfectamente la improvisación y falta de coherencia que caracteriza con demasiada frecuencia la política económica española. Los ciudadanos merecen políticas públicas diseñadas con rigor técnico, coherencia interna y visión de largo plazo, no medidas reactivas condicionadas por el ciclo político o las dinámicas internas de coalición.
Como señaló acertadamente Ludwig von Mises: «No hay nada más práctico que una buena teoría». Es hora de que el diseño de políticas públicas en España se base en principios económicos sólidos y evidencia empírica rigurosa, no en intuiciones o conveniencias políticas de corto plazo.
