Última actualización: 14 de mayo de 2025
La Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral muestra reticencias para analizar en profundidad uno de los aspectos más controvertidos de la normativa: el impacto real de los contratos fijos discontinuos en la calidad del empleo. Esta postura resulta particularmente preocupante cuando los datos evidencian un claro deterioro en las condiciones laborales asociadas a esta modalidad contractual.
Cifras alarmantes que no pueden ignorarse
El análisis macroeconómico de los datos disponibles revela un panorama preocupante: durante el primer trimestre de 2025 se registraron 909.192 bajas de afiliación por pase a la inactividad, lo que representa un incremento del 411% respecto al mismo periodo de 2022. Esta evolución contrasta notablemente con el crecimiento de asalariados, que en el mismo intervalo solo aumentó un 85,3%, alcanzando los 872.762 afiliados medios.
La tendencia alcista continúa, con el número de fijos discontinuos elevándose hasta 1,02 millones en abril, evidenciando una volatilidad estacional que cuestiona frontalmente la estabilidad laboral que debería caracterizar a los contratos indefinidos.
Un escenario de precariedad creciente
El mecanismo de funcionamiento de estos contratos genera una situación de vulnerabilidad para los trabajadores:
- Durante los periodos de inactividad, no perciben salario
- Se interrumpe su cotización a la Seguridad Social
- Son dados de baja como afiliados
- Pueden acceder a prestaciones por desempleo (si cumplen requisitos)
- No computan como desempleados al mantener vigente su contrato
Esta última característica ha generado intensos debates sobre el posible maquillaje estadístico del desempleo real en España, cuestión que, sin embargo, los expertos de la Comisión parecen reacios a abordar.
De solución a problema: la evolución de los fijos discontinuos
La reforma laboral transformó radicalmente esta figura contractual. Antes de 2021, los fijos discontinuos estaban vinculados principalmente a actividades estacionales como el turismo, con aumentos de bajas por inactividad coincidentes con las campañas estivales y navideñas.
El cambio normativo pretendía que estos contratos sustituyeran a los extinguidos contratos por obra y servicio, concibiéndolos como una transición de la contratación temporal hacia la indefinida ordinaria. Para ello, se flexibilizó significativamente su uso, llegando incluso a permitir que las Empresas de Trabajo Temporal los utilizaran para cubrir necesidades temporales de sus clientes.
El resultado ha sido una rotación laboral mucho más intensa, con picos de volatilidad distribuidos a lo largo de todo el año, comprometiendo la estabilidad laboral que la reforma pretendía potenciar.
El peso real en la economía laboral española
A pesar de que el Gobierno ha minimizado sistemáticamente la relevancia de esta modalidad contractual, argumentando que representa un porcentaje marginal del empleo total, los datos desmienten esta narrativa:
- Los fijos discontinuos han pasado de representar el 3,1% de los afiliados al régimen general en marzo de 2022 al 5,2% en el mismo mes de 2025
- El pase a la inactividad constituye actualmente la segunda causa de baja de afiliación, solo por detrás de la finalización de contratos de duración determinada
- Según el SEPE, estos trabajadores son llamados solamente tres veces de media al año
Estos indicadores revelan que la estabilidad laboral e ingreso económico de este colectivo dista mucho de ser comparable a la de los trabajadores indefinidos ordinarios.
La opacidad como política institucional
El Ministerio de Trabajo, consciente de la problemática, ha puesto en marcha diversas campañas de inspección para detectar abusos en la utilización de esta figura contractual. Sin embargo, la opacidad en la publicación de datos relativos a los fijos discontinuos contrasta notablemente con la habitual profusión estadística del departamento dirigido por Yolanda Díaz.
Esta falta de transparencia resulta especialmente contradictoria cuando el propio ministerio es uno de los organismos que más estadísticas e informes publica, muchos con información que la propia ministra asegura desconocer.
El papel crucial de la Comisión de Evaluación
La credibilidad del análisis que realizará la Comisión dependerá fundamentalmente de su independencia para solicitar información completa y no limitarse a los datos seleccionados que pueda proporcionar el equipo ministerial.
Un estudio riguroso y exhaustivo resulta imprescindible para comprender adecuadamente la situación real que experimenta un colectivo de más de un millón de asalariados, activos o inactivos, cuyas condiciones laborales se han visto significativamente alteradas por la reforma.
Implicaciones económicas de la precariedad laboral
La proliferación de esta modalidad contractual tiene implicaciones que trascienden el ámbito puramente laboral, afectando a:
- Consumo interno: La discontinuidad de ingresos limita la capacidad de gasto y planificación financiera de un segmento creciente de trabajadores
- Sostenibilidad del sistema de pensiones: La intermitencia en las cotizaciones sociales impacta negativamente en la recaudación
- Productividad empresarial: La rotación y falta de continuidad laboral dificulta la capacitación profesional y la especialización
- Cohesión social: El incremento de la precariedad laboral agudiza la desigualdad económica
La evaluación rigurosa de estas consecuencias resulta imprescindible para determinar si la reforma laboral ha cumplido sus objetivos declarados o si, por el contrario, ha generado nuevas formas de precariedad bajo la apariencia estadística de empleo indefinido.
Conclusión: necesidad de un análisis íntegro y transparente
Las estadísticas disponibles evidencian que, más allá del descenso en las cifras oficiales de temporalidad, la reforma laboral ha propiciado un trasvase parcial de la precariedad hacia modalidades contractuales que, pese a su denominación como indefinidas, no garantizan la estabilidad laboral ni la continuidad de ingresos.
La Comisión de Evaluación tiene ante sí la oportunidad -y la responsabilidad- de realizar un análisis completo e independiente que permita identificar las deficiencias de la norma y proponer las modificaciones necesarias para lograr una mejora efectiva en la calidad del empleo, más allá de los cambios meramente nominales en las modalidades contractuales.
La economía española necesita un marco laboral que combine flexibilidad con seguridad real para los trabajadores, un objetivo que difícilmente puede lograrse si se eluden las evidencias de precariedad por consideraciones políticas o ideológicas.
